En este sentido, es necesario desarrollar el compromiso de igualdad de oportunidades y la lucha contra las desigualdades sociales frente al empleo, tomándose decisiones en los servicios de intermediación, solo con arreglo al interés público y bajo un criterio de objetividad. Este es el razonamiento más firme que justifica la puesta en marcha de un servicio público.
Todo proceso de inserción laboral debe estar abierto al desarrollo personal y crecimiento profesional de toda persona para impulsar la mejora de la sociedad en la que vive; que pueda contribuir a conseguir un modelo de desarrollo solidario y que no pierda de vista la importancia del factor humano.
Por esta razón, se debe planificar la organización y las estrategias necesarias para lograr los objetivos que se han marcado, posicionarnos activamente en la sociedad, contribuir con propuestas integradoras, defender un modelo de desarrollo adecuado y sostenible desde todos los ámbitos de empleabilidad.
Por ello, se deben ampliar los esfuerzos orientados hacia la formación profesional y responder a las necesidades de las empresas, fomentando el acceso al mundo laboral y aumentando así las posibilidades de colocación y acercamiento de las personas desempleadas con el tejido productivo.
Aunque las dificultades para crear empleo y la existencia de un paro elevado son problemas comunes a todos los países de Europa, es importante aplicar posibles actuaciones que puedan ayudar. Si bien es verdad que no existe una solución milagrosa, resulta importante destacar la necesidad de servicios de orientación que faciliten la información del mundo laboral, fomente las habilidades y competencias de la persona, incluidas las emocionales, y facilite la igualdad de condiciones para enfrentarse a un puesto de trabajo. Para ello, es vital la instalación de un servicio de prevención del desempleo dirigido a aquellos jóvenes que abandonan el sistema educativo sin una formación determinada, y a quienes cursan estudios en los programas de formación básicos. Por esta razón, la labor de información y orientación profesional permitirá abrir las posibilidades a otros diseños formativos y contribuirá a que abandonen hábitos que siempre supondrán un coste personal, social y también económico.
Por esta razón, el reto de la Administración Pública dirigido a colectivos desfavorecidos es máxime, sobre todo por los resultados que conlleva la instalación definitiva de fórmulas que garanticen un proceso integral y permanente hacia la persona.
La realidad del mundo laboral supone la alternancia de periodos de empleo con periodos de desempleo que no pueden dramatizarse, sino utilizarlos para aumentar la empleabilidad y cualificación profesional necesaria de la persona para enfrentarse con éxito al mercado productivo.
Desde aquí, debemos exigir como un derecho que reconoce nuestra Constitución, no sólo la formación personal y profesional, sino también la promoción laboral, que permita su incorporación en el mundo de la empresa. La Ley de FP considera el Sistema de Información y Orientación Laboral como un derecho que permita a los ciudadanos disponer, en todas las etapas de su vida, de instrumentos necesarios para afrontar la competitividad del tejido productivo.
El impacto del paro repercute en nuestra sociedad. Por ello, debemos realizar un esfuerzo para orientar y vincular los centros educativos y la Universidad con el mundo laboral, donde los jóvenes dispondrán de una información económico-profesional donde sentar las bases de su futuro itinerario formativo en el ámbito laboral.
Una de las claves está en mantener una línea de conducta transparente en la sociedad y desarrollar reglas aceptadas y consensuadas, aplicando líneas de coordinación que faciliten la participación de las Organizaciones Empresariales y Sindicales como condición necesaria para abrirse al entorno económico y social.
Diploma de asistencia.
Certificado de aprovechamiento.
Título de FP.
La Sociedad del Bienestar obliga a rediseñar el papel del Estado, suscitando reformas estructurales que incidirán de manera directa en las conquistas sociales. Estas reformas se deben hacer en un clima que tienda a mejorar la administración de los bienes públicos, que conceda al Estado un papel en la economía social como garante del acceso de todas las personas al empleo. Además, permitirá asegurar que las economías familiares tengan cubierta el resto de sus necesidades.
Con la constitución de una política integradora de formación, orientación e intermediación se pretende cumplir una necesidad social que le posibilite salir, a un amplio sector de la población, de la situación de desempleo en la que se encuentra, beneficiando a un colectivo desprotegido y desfavorecido en la búsqueda de un trabajo.
El mercado laboral se convierte en el medidor de la eficiencia de cualquier experiencia y representa la última instancia socializadora por la que atraviesa la persona. Sin embargo, la aspiración de incorporarse al mundo del trabajo de colectivos desfavorecidos tropieza en muchas ocasiones con el déficit importante en cuanto a los recursos existentes a nivel formativo y social, además de la ausencia de cualificación profesional adecuada para poder incorporarse a un empleo. Todo ello, se agrava al convertirse en un condicionante para su integración social.
La Encuesta de Estudios Sociolaborales.
Las estadísticas de la Seguridad Social.
La Encuesta de Población Activa (EPA).
Trabajadores y trabajadoras.
La sociedad.
Empresa.
Todas las respuestas anteriores son correctas.
Seleccionar a la población trabajadora.
Clasificar a la población trabajadora.
Motivar a la población trabajadora.
Agrupar a la población trabajadora.
